Hasta 2012 se congelarán las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. La suma de ciudadanos directamente beneficiados por esta medida asciende a 14,5 millones. Las empresas eléctricas asumirán el coste de la implantación de este “bono social”.
Las compañías también pagarán los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado (segunda parte del ciclo de combustible nuclear), que ascienden a unos 2.700 millones.
El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendientes de titulizar y los Presupuestos Generales del Estado asumirán los sobre costes de producir electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
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